Por Lenyn Palacios
Con el incremento de los casos de violencia de género en Latinoamérica, ha comenzado a popularizarse el uso de las palabras feminicidio y femicidio. Ambas, evidencian las razones por las que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Según la Cepal, cada día mueren por lo menos 12 mujeres en América Latina y el Caribe. Estas muertes son la última consecuencia de las relaciones desiguales basadas en el sexo, los roles y los estereotipos que históricamente, han relegado a las mujeres a realizar actividades con base en supuestas capacidades, como por ejemplo: las labores domésticas, las tareas de cuidado y el hogar.
Estas ideas producen permanentemente distintos tipos de violencias contra las mujeres e incluso, justifican la muerte. Los casos de violencia psicológica, según la Fiscalía Nacional del Ecuador, abundan principalmente en la familia y los espacios laborales. Es común que a las mujeres les controlen el celular, el sueldo, los lugares que frecuentan, las amistades y hasta la forma de vestir, como sucedió con ‘Diana’ a quien su esposo le decía constantemente antes de irse al trabajo: “¿Y cómo así te pones tacos? Seguro tienes mozos, deberías cobrar por acostarte”. Situaciones como estas representan un riesgo mortal, pues por lo general, terminan en la muerte de las mujeres.
El término femicidio fue utilizado por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para definir las formas de violencia extrema contra la mujer. Posteriormente, activistas como Diana Russell, Jane Caputi y Marcela Lagarde han redefinido este concepto como feminicidio para referirse al asesinato de mujeres por motivos de odio o simplemente, por intento de posesión; según ellxs, este crimen ha ido en aumento y también es asociado con discriminación por raza, nacionalidad, religión, orientación sexual y origen étnico, entre otros.
El sistema penal en los países latinoamericanos ha hecho una labor por tipificar los crímenes contra las mujeres, sin embargo, según Naciones Unidas, el 98% de las muertes permanecen impunes, lo cual evidencia no solo el alcance del delito sino la naturalización con la que se enfrenta, más allá de si se nombra como femicidio o feminicidio.
En países como México, el término feminicidio ha sido adoptado para evidenciar la incapacidad del Estado para atender, hacer seguimiento y prevenir estos crímenes hacia las mujeres. De igual modo, El Salvador, Bolivia, Colombia y Perú, han adoptado este término para evidenciar la ausencia estatal y la responsabilidad de generar leyes que favorezcan y protejan a las mujeres. En cambio, países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Ecuador han optado por usar el término femicidio, que contempla un seguimiento exhaustivo para determinar si quienes cometen un homicidio contra una mujer son femicidas.
Femicidio en el Ecuador
El Ministerio del Interior ha revelado que de las 179 mujeres asesinadas en el 2014, el 54% de los casos fueron tipificados como femicidio. Según Santiago Argüello, director de la Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, la estrategia institucional se basa en hacer seguimiento a las demandas por violencia doméstica y agrega que la Fiscalía ha creado por cantones una ruta de denuncia y unos puntos de atención que buscan garantizar la protección a las mujeres que denuncian. Desde la tipificación del delito como femicidio en el Código Integral Penal, en agosto del 2014 hasta abril del 2016, la Fiscalía ha iniciado 84 casos.
“Femicidio y feminicidio no significan lo mismo. El feminicidio contiene el elemento impunidad, como resultado de la omisión o la acción inadecuada en la que incurre el Estado, en perjuicio del derecho a la vida de las mujeres y su indispensable protección. Ante el feminicidio, el Estado incumple su deber de investigar, juzgar y sancionar.” (Escuchar entrevista)
Sin embargo, en la marcha Vivas Nos Queremos, realizada el pasado 26 de noviembre en Quito, el movimiento de mujeres y familiares de las mujeres asesinadas denunciaron la falta de celeridad en los procesos y la ausencia de sentencias. Tanto los familiares como la Fiscalía, coinciden en que los asesinos son conocidos o hacen parte del núcleo familiar, y a pesar de esta certeza los procesos no avanzan.
“El sábado 19 de Octubre del año 2013 en Ambato asesinaron a Vanessa Landinez Ortega, mujer y madre, fue víctima de violencia contra las mujeres, queremos que se haga justicia y que su muerte no quede en la impunidad.” Desde hace más de un año, su hermana Rosita, emprendió esta campaña a través de la plataforma “Justicia para Vanessa” para acabar con la impunidad no solo en este caso, sino en todos los casos que todavía esperan respuesta de la justicia ecuatoriana. En esta plataforma se publican constantemente los casos de feminicidio ocurridos en Latinoamérica. Según este colectivo, “en Ecuador, desde la tipificación del femicidio han sucedido 71 asesinatos de mujeres por violencia de género”.
Las cifras en aumento y las investigaciones realizadas en Latinoamérica y el Caribe revelan la urgencia de tomar medidas para frenar las agresiones contra las mujeres y evitar que éstas terminen en un feminicidio. No en vano, todas las mujeres de la región se han movilizado y han denunciado las mismas situaciones de impunidad.
Ahora más que nunca, todas las mujeres deben saber qué significa estar un una relación de abuso y maltrato, y tener la certeza de nadie puede adjudicarse el derecho a quitarles la vida. No basta con tipificar el delito si no hay celeridad en los procesos judiciales y si no se implementan políticas públicas que busquen el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de las desigualdades entre hombres, mujeres y personas con identidades diversas.
