Octubre 16 de 2018
El silencio es la primera consecuencia de la violencia sexual y quienes la sufren quedan atrapados en el lugar de la vergüenza y el miedo, de allí solo pueden salir cuando hablan. Pero casi nunca estamos preparados para escucharles.
Hasta 2017, en el país desconocíamos la magnitud de las agresiones sexuales en el sistema educativo. El caso Aampetra, que pasó desapercibido durante seis años, permitió conocer la dimensión de esta violencia que se vive en escuelas, colegios y universidades, sin importar si son públicos o privados.
A través de la investigación periodística La herida oculta, la Fundación Sentimos Diverso y dos periodistas independientes (Cristina Arboleda y yo, Isabel González) contamos esta historia, porque creemos que el periodismo y las organizaciones sociales pueden aliarse para escuchar activamente a quienes sólo encuentran oídos sordos, para hacer las preguntas necesarias, buscar datos y exigir respuestas del Estado.
El proceso que hemos llevado durante este tiempo con las familias del caso Aampetra lo evidencia. A ustedes, queridas familias, les agradecemos por su confianza, por darnos la oportunidad de acompañarles y aprender de su persistencia. Para nosotros fue una gran responsabilidad relevarles en su búsqueda de justicia, justo cuando sentían que era un imposible.
Sin psicólogos ni abogados, las familias persistieron en la agotadora labor de alzar la voz, de reclamar la cárcel para el agresor, y la aplicación de sanciones a quienes, en la escuela y el Estado, optaron por el mutismo y el encubrimiento. Esa determinación por no callar abrió la posibilidad de enderezar el camino.
Durante los últimos 12 meses, hemos visto avances que años atrás parecían inalcanzables. El Ministerio de Educación dictó política pública para mejorar la contratación de personal en centros escolares, como ordenó la sentencia judicial en este caso. La escuela, aunque de malagana, también cumplió con el acto de disculpas públicas y fue intervenida por el Ministerio para mejorar las condiciones de seguridad y calidad educativa.
Romper el silencio motivó a otras víctimas a hablar y ha presionado para que el Ministerio de Educación se comprometa con no tolerar la violencia sexual en las aulas, para lo cual ha sido importante reabrir más de 300 procesos archivados, entender que el encubrimiento hace parte del delito y transparentar las cifras de los casos registrados, inexistentes hasta 2014.
Como nunca, llevamos un año hablando de violencia sexual en Ecuador. No podemos negar que existe un antes y un después del caso Aampetra. Pensemos en qué hubiera pasado si esta historia, como muchas otras, hubiera sido ignorada. Juntarnos nos ha dado la fuerza para marcar este momento histórico. Por eso, las instituciones del Estado tienen que asumir el reto de no volver atrás.
En un país donde la violencia sexual ha echado raíces no sólo en escuelas sino en hogares, iglesias, universidades y calles, se necesitan acciones y procesos sostenidos para cortar con esta herencia.
No podemos abandonar el camino que hemos trazado en el último año. Hacen falta todavía pasos firmes. Entre ellos, consolidar un sistema de información unificado, coordinar acciones para eliminar la cultura del encubrimiento, reforzar el control y no ceder ante quienes se oponen a implementar la educación sexual integral en todos los niveles y con enfoque laico, que ponga los derechos por encima de las creencias y brinde herramientas para que niñas, niños y adolescentes hablen sin vergüenza sobre sexualidad, identifiquen riesgos y puedan denunciarlos con la certeza de que les van a creer.
Ahora es el turno para que actuemos contra los abusos y dejemos de tolerarlos u ocultarlos. Es fundamental que las organizaciones sociales nos mantengamos vigilantes, que los medios de comunicación hagan un seguimiento responsable a los casos y que, sin dejar de ser críticos, sepamos reconocer los avances y ayudemos a construirlos.
Como una organización diversa, de mujeres y migrantes, hemos sentido las consecuencias de diferentes violencias. De ahí hemos tomado fuerza para acompañar y contribuir a la construcción de un país en el que los derechos y las oportunidades no dependan del género, la identidad sexual o el lugar de origen.
Como periodistas, este trabajo ha implicado un desafío pero, por su impacto, es también el más importante que hemos hecho. Los medios de comunicación tienen la función de amplificar y ayudar a sostener la atención sobre la violencia sexual. Por eso, invitamos a nuestros colegas a pasar del escándalo al seguimiento de los casos.
Eliminar la violencia sexual es una meta a la que el Estado no puede llegar solo. Depende de todes. De poco servirá ampliar las cárceles, aumentar las penas y modificar las leyes para impedir que los delitos sexuales prescriban si el objetivo final no es evitar que ocurran.
