Quito, 22 de octubre de 2017.-El grupo de representantes de los padres de familia de las víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), la Fundación Sentimos Diverso y el Grupo Rescate Escolar rechazamos enérgicamente cualquier intento de obtener réditos políticos en torno a los casos de violencia sexual en el sistema educativo, desde cualquier sector, institución, partido político o persona particular.
Exigimos que el tratamiento de estos casos desde las instituciones estatales, así como desde las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación esté en sintonía con el dolor de niñas, niños y adolescentes afectados y sus familias, y con la necesidad de hacer de los centros educativos lugares libres de violencia, donde los estudiantes estén realmente protegidos y sus derechos sean garantizados.
La denuncia pública del caso AAMPETRA, que permaneció oculto durante 6 años, sirvió para romper el silencio y evidenciar la emergencia que enfrenta hoy el sistema educativo ecuatoriano. Solo en cuatro casos -Aguirre Abad, Unidad Educativa Mushuk Pakari, AAMPETRA y academia de ballet- las víctimas son al menos 327 niñas, niños y adolescentes. Estas cifras son apenas una muestra de un delito que casi no se denuncia y sobre el que no existen datos reales.
Llaman la atención los factores comunes de estos casos: los abusos dejaron decenas de víctimas en cada centro educativo y se cometieron durante tiempos prolongados al interior de las instituciones; los abusadores fungían como profesores aunque no tenían título ni experiencia docente; algunas autoridades incumplieron los protocolos e incluso obstaculizaron las acciones judiciales para proteger la reputación y el nombre de los centros educativos.
Hacemos un llamado para que como sociedad civil nos mantengamos vigilantes y convocamos a un plantón el próximo jueves 26 de octubre a las afueras del Ministerio de Educación en Quito a las 16:00 horas. Es urgente que el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por esto proponemos:
- Crear un sistema de monitoreo que permita diagnosticar y atender la situación de violencia sexual en las instituciones, públicas y privadas, del sistema educativo.
- Auditar a todas las instituciones públicas y privadas en las que se han registrado casos de violencia.
- A través de una fiscalización con transparencia e independencia, establecer la responsabilidad penal y administrativa de las autoridades de centros educativos públicos y privados, así como de funcionarios estatales, por acción, omisión o negligencia en la atención y seguimiento a los casos.
- Reparar integralmente a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo medidas que restauren su salud física y emocional y les permita tener oportunidades para continuar con su proyecto de vida.
- Prevenir la violencia en los entornos educativos, para hacer de ellos lugares sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. A través de políticas públicas y asignación presupuestaria suficiente se debe garantizar una educación basada en derechos humanos, educación sexual integral, contenidos educativos y códigos de convivencia libres de discriminación, que promuevan la igualdad y respeten el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.
La Comisión AAMPETRA, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y las demás instituciones del Estado, deben actuar con celeridad para hacer justicia y restaurar cuanto antes los derechos de los estudiantes y familias afectados por la violencia sexual. Una respuesta determinante y ejemplar en estos casos podría sentar un precedente para que no se cometan más delitos sexuales en el sistema educativo y para que los directivos y las comunidades educativas entiendan que deben romper los pactos de silencio.
