El impacto de la violencia sexual movió a la Asamblea Nacional de Ecuador que creó, en julio de 2017, una Comisión Ocasional para investigar estos casos y fiscalizar a las autoridades. Esta Comisión que acogió el nombre de la escuela donde 43 estudiantes fueron abusados durante 11 meses, estuvo presidida desde su inicio por la asambleísta Silvia Salgado Andrade (Partido Socialista – Alianza País). Sin embargo, ella dejará el cargo porque asumió la presidencia de la Comisión de Educación, tras la renuncia de Augusto Espinosa. Recogemos esta entrevista realizada luego de la aprobación del primer informe, en la que Salgado comenta cuáles han sido los desafíos, alcances y pendientes de la Comisión Aampetra.
1. ¿Cuál ha sido el reto y las implicaciones para la Asamblea Nacional al crear una comisión ocasional para investigar la violencia sexual en el sistema educativo?
No había referencias sobre cómo atender estos casos desde la Asamblea porque no hubo ese interés o no se entendió que el Legislativo podía hacer algo. Empezamos sin saber por dónde, desconcertados al conocer el caso Aampetra. Después constatamos que se trata de una realidad generalizada. Aampetra era el patrón, se repetía la historia y se sigue repitiendo. El tema llegó a la cúspide del debate público pero hay un riesgo de que siga sucediendo. Por eso debería ser política institucional de la Asamblea monitorear el cumplimiento de la Constitución y la ley para garantizar los derechos de todos, empezando por los niños. Por ejemplo, en la Asamblea nunca se ha tratado el tema de cómo el Estado está siguiendo las recomendaciones de los informes internacionales de Naciones Unidas. Cuando hacíamos la comparecencia del ex ministro Augusto Espinosa, la primera impresión fue que no partió de nada, en el país no pasaba nada. Me puse a investigar los informes antes de 2011, cuando ocurrió lo de Aampetra. Y sí había alertas. Ojalá podamos concluir en las resoluciones finales que cada año se rinda cuentas sobre este tema.
2. ¿Faltan pocos meses para que se termine el trabajo de la Comisión Aampetra, ¿cuál es el balance hasta este momento respecto al plan de trabajo que se planteó?
El objetivo era investigar los casos de violencia, que hemos hecho hasta donde nos han permitido las condiciones. Cumplimos con un muestreo de instituciones muy concretas. Aún así el objetivo se cumplió pues se evidenciaron factores que se repiten. El otro objetivo era determinar la existencia de acciones administrativas y judiciales y evaluar la actuación de los funcionarios de estas instancias. Estamos en eso. Nos habíamos planteado también cómo cumplir el objetivo de evaluar las normativas vigentes y proponer las reformas necesarias. Tenemos identificadas esas reformas, pero estamos buscando que no sean parches sino que se está dialogando con la presidencia de la Asamblea, con otras comisiones y con el grupo parlamentario por los derechos de niños, niñas y adolescentes para construir una normativa más sostenida sobre el tema. Además tenemos la obligación de trasladar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a las normas. Esto es lo pendiente. Y a lo mejor no lo podamos lograr en los meses que quedan, pero debemos dejar marcada la ruta en el plano legislativo. En prevención, el asunto es asumir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de los Niños para entregar a la Comisión de Fiscalización o alguna en especial, para que dé un seguimiento permanente. Hay que ver el mecanismo.
3. ¿Cuáles son las expectativas de la Comisión respecto a los casos que fueron entregados a la Fiscalía?
Tengo muy pocas expectativas. Pero todo era necesario en este momento. Hay la obligación de dar seguimiento, no solo estamos dando a conocer los casos sino que somos parte procesal en la investigación. La Asamblea tiene que dar apoyo para que los procesos no se caigan. Me preocupa esto porque no tenemos ni tiempo ni personal, pero esto rebasa a la Comisión, fue una decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto habría que preguntar al CAL y a la propia presidencia de la Asamblea: ¿cómo va a garantizar que estos procesos no se caigan?
4. ¿Hasta qué punto las recomendaciones del informe van a ser acogidas por las instituciones implicadas?
Antes de que se cierre la Comisión tienen que venir todas estas autoridades a dar cuentas de estas recomendaciones. El informe definitivo debería incluir esas respuestas.
5. ¿En las irregularidades mencionadas en los informes, sobre todo en el caso de delitos, como el encubrimiento o el soborno, habrá una investigación penal de oficio?
Es un tema de la justicia. Además, en la instancia interinstitucional hay una mesa de sanciones, y ahí está el sistema educativo y el judicial.
6. En el campo administrativo, ¿los funcionarios mencionados en el informe tendrán que enfrentar algún tipo de responsabilidad? ¿Si alguno de ellos estuviera activo en la función pública, su gestión debería ser investigada por la Contraloría?
La Contraloría ha insistido en que de pronto el uso de recursos públicos es su competencia y no estas auditorías de gestión. A nivel administrativo, son las primeras autoridades (ministros) las que tienen que responder. Menos mal que en esas mesas interinstitucionales están todos. Más que intencionalidad, sucedió lo mismo que pasa en la sociedad: perdimos la sensibilidad, o más que eso, tenemos dificultad en identificar cuándo estamos en una situación de violencia. Entonces no priorizaban estos casos sino, por ejemplo, que se den los concursos o se cumpla con una matriz de objetivos. ¿La educación hasta qué punto es aprendizaje de conocimientos antes que una formación integral? Hay que corregir el sistema educativo en su estructura. Me parece que ese debate aún falta. Lo importante, es que los informes van al Ministerio de Educación, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a algunas instancias en las que desde sus competencias pueden hacer algo.
7. Una de las mayores expectativas de las víctimas de Aampetra es que el colegio asuma la responsabilidad de lo que sucedió. ¿Puede la Asamblea, con todas las pruebas recabadas en el informe, solicitar a la Fiscalía que abra una investigación de oficio contra la institución y/o su representante legal?
Eso es parte de la responsabilidad, de la recomendación a la Fiscalía. No puede ser de otra manera. Lo que nos falta es operativizarlo por los problemas políticos que hay con la Fiscalía.
8. En el informe de control político, ¿qué alcance tiene la Comisión para establecer responsabilidades a los funcionarios implicados por acción u omisión en los casos de violencia sexual en el sistema educativo?
La implicación está dada por reconocer que hubo negligencia, incumplimiento, que no se tomó con responsabilidad los temas, que hay que tomar correctivos. Se señala lo que no se hizo. Lo que hicimos fue control político a sus políticas, analizando la incidencia negativa, porque las políticas tienen que garantizar derechos. El control político tiene sus límites. Hay que pensar en sanciones morales y sociales. Nosotros no tenemos facultad para sancionar y el control político se da a las autoridades que están en funciones. Los ministros anteriores están exentos de fiscalización porque la Constitución dice que después de un año de haber salido de sus funciones no pueden ser fiscalizados. Tampoco se puede fiscalizar a subsecretarios o funcionarios de menor jerarquía. Las otras responsabilidades son a nivel administrativo, vamos a mandar los informes al Consejo de Participación Ciudadana, a la Contraloría, a la Fiscalía y al propio Ministerio de Educación.
9. Respecto al trabajo de normativa, ¿cuáles son los principales cambios legislativos que la Comisión sugiere para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en el sistema educativo?
Tenemos un problema concreto que es la reforma integral del Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay que garantizar el Sistema de Protección de Derechos de los Niños, en función de su especificidad y su especialidad. En el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) hay tres líneas: imprescriptibilidad de la acción administrativa, a nivel público y privado; regular la contratación del personal docente; facilitar separación y visto bueno de docentes abusadores para proteger a los niños. También hay el planteamiento de crear la figura del Defensor del Niño, para la protección y reparación de derechos en la Ley de Defensoría del Pueblo. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se deben establecer sanciones por omisión de denuncia y por negligencia. Actualmente, hay obligación de denunciar pero no hay sanción a quien no denuncia. También hay que institucionalizar el impedimento del ejercicio de la docencia a profesores sentenciados. Entendemos el derecho a la rehabilitación, pero mantener el registro de docentes sentenciados por delitos sexuales es prevenir que no vuelvan a suceder. La reinserción escolar y el seguimiento integral a víctimas de violencia sexual también es clave. Igualmente hay que regularizar y fortalecer los procesos de contratación de docentes y autoridades educativas. Hay que establecer alternativas de protección hasta que existan los recursos para que todos los docentes tengan nombramientos. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), hay que reforzar el testimonio anticipado y las diligencias procesales para preservar evidencias y evitar la revictimización, así como el juzgamiento en ausencia, que debe ponerse en debate, así como la dosificación de penas de delitos sexuales y el procedimiento expedito y especializado en estos casos. El objetivo es que las normas pendientes construyan un gran paraguas que permita solucionar temas estructurales de funcionamiento del Estado, porque esto tiene una conclusión: el Estado no estuvo preparado para afrontar esto como una responsabilidad de ese Estado. No estuvo preparado para comprender que en la sociedad siempre ha estado presente un modelo patriarcal y que, aceptado como natural, se mostró con esta gravedad.
